“Es una medida absurda”, comentaba hoy uno de
los madrileños entrevistados por El
Mundo al respecto de la nueva tasa que introducirá el Gobierno regional a
partir del 1 de enero. “La vaca no se puede exprimir más. Nos van a poner bocabajo y no van a caer ni los dientes”, añadía este sufrido
contribuyente. El caso es que, en un par de meses, por “cada autógrafo del
médico de cabecera”, según ironizaba la autora del reportaje, un residente en
la Comunidad de Madrid tendrá que
pagar un euro.
El presidente madrileño, Ignacio González, asegura que “la medida no tiene como finalidad la
recaudación, sino que es de carácter disuasorio”, según recoge el mencionado
diario de Unidad Editorial. Pero,
¿verdad que recuerda demasiado a las multas disuasorias de la Guardia Civil?
Y puestos a excusarse, el sustituto de Esperanza Aguirre justifica su medida,
tal y como leemos en El País, en que
“los madrileños tienen 45 millones de medicamentos en casa”. Desde luego,
sorprende esta precisión. Ya puestos, los asesores de González podrían calcular
el dinero negro que guardan los madrileños bajo el ladrillo sobre el que bailan
el chotis. Su correligionario Cristóbal Montoro
se lo agradecería.
“Madrid sigue a Cataluña”, leemos en La
Verdad, de Murcia. Es cuestión
de tiempo, no mucho, saber cuál es la próxima comunidad que aplica la tasa. Por
cierto, que por obra y gracia del Gobierno regional, los conductores murcianos
tendrán que hacer frente a partir de mañana una subida de los combustibles en “una
media de 4,8 céntimos de euro por litro”, según adelantaba hace una semana la
Verdad. Y a eso lo llaman ‘céntimo sanitario’.
De cualquier forma, tanto los madrileños –los
primeros que sufrieron hace 10 años la introducción de la tasa ‘sanitaria’
extra– como los murcianos deben estar de enhorabuena,
en comparación con los sufridos castellano-manchegos, que ya pagaban la
gasolina sobre tasada. Porque, según informa también hoy El País, “Cospedal
impone 320 nuevas tasas para recaudar 10 millones de euros”. Nada más y nada
menos.
Asimismo, Público nos ha puesto al día acerca de la nueva tasa de 2.350 euros
que “el PP impone” al ciudadano “que recurra actos del Gobierno”, según titula
este diario on line.
Ante la inacabable aplicación de nuevas
tasas, los ciudadanos ven cómo “las auditorías a la banca española han costado
31,4 millones de euros”, tal y como publica ABC. Entre las auditoras, Oliver
Wyman es la que más ha ingresado por su trabajo –subraya el rotativo de Vocento– con más de 10,5 millones de
euros.
Igualmente en ABC hemos leído que “Caja España-Duero, Liberbank, BMN y Caja 3 también recibirán ayudas
públicas”. Más madera para el contribuyente que, entre atónito y anestesiado,
asiste a esta gran ceremonia de confusión llamada crisis económica.
¿Hasta
cuándo resistirá la escuálida vaca ciudadana?