En
España, un conglomerado regional que
se mueve como un boxeador sonado y donde cuatro de cada diez ciudadanos van a ser
pobres en menos de diez años, todavía tenemos doce Defensores del Pueblo.
Con seis millones de parados, más de 400.000
personas que han huido al extranjero sólo este año y unos 30.000 afectados por
el fraude de las preferentes, por citar algunas desgracias, ya resulta grotesca
la mera existencia de un Defensor del Pueblo.
Y
es que en un país donde acudir a la Justicia
se está convirtiendo en cosa de ricos, se desmantela la Sanidad Pública y hay desahuciados arrojándose al vacío, la ciudadanía
se siente desamparada. El Síndico de Agravios de la Comunidad Valenciana,
por ejemplo, tendría que haberse encadenado a la sede del PP, exigiendo que Carlos
Fabra compartiera alguno de sus siete premios de la Lotería con los desfavorecidos. Y tampoco hubiera estado mal que el
Síndic de Greuges catalán hubiera
suprimido alguno de los 50 viajes que se calzó en dos años, a cuenta del
contribuyente.
Por
lo menos, nuestros Chuck Norris venidos a menos rubricaron este pasado viernes en Oviedo una declaración conjunta
reclamando al Gobierno que apriete
las tuercas a los bancos. En la capital asturiana, con el Procurador General del Principado ejerciendo de anfitrión, los doce magníficos pidieron a Rajoy que presione a las entidades
bancarias para que renegocien préstamos hipotecarios y ofrezcan alquileres sociales a
quienes van a perder su vivienda.
El
Defensor del Pueblo de España, cuyos
informes no son vinculantes, siempre fue visto con cierta simpatía por los
ciudadanos. Así, se ha venido situando al frente de la institución a políticos
de perfil conciliador y con prestigio –en el final de su carrera política– como Joaquín Ruiz-Giménez, Enrique Múgica o Soledad Becerril.
Y así,
las Comunidades Autónomas, siguiendo esa absurda tradición de duplicar
instituciones, fueron incorporando a sus presupuestos hasta doce Defensores. De
momento, sólo Castilla-La Mancha ha
eliminado la figura y en otras como la Región
de Murcia se ha anunciado –ya veremos si se cumple– su supresión en 2013.
La
propia presidenta del Gobierno de Navarra,
Yolanda Barcina, reconocía hace un
par de meses la inutilidad de una institución que, en el conjunto de España, ha costado este año al contribuyente
35,4 millones de euros. De ellos, nada menos que 22,6 millones
en gastos de personal. Así, Barcina propuso suprimir su Defensor del Pueblo –también
está por ver– “hasta que la situación económica lo requiera”. Vamos, que a la
presidenta le faltó decir que si no existe, nadie lo va a echar en falta.
Y
es que estos Pepito Grillo de la administración han sido
arrastrados por tanto Pinocho que gobierna en España. Total, con Gallardón como ministro de Justicia ya vamos apañados.
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