sábado, 15 de diciembre de 2012

España necesita un Chuck Norris y no doce Defensores del Pueblo


En España, un conglomerado regional que se mueve como un boxeador sonado y donde cuatro de cada diez ciudadanos van a ser pobres en menos de diez años, todavía tenemos doce Defensores del Pueblo

Con seis millones de parados, más de 400.000 personas que han huido al extranjero sólo este año y unos 30.000 afectados por el fraude de las preferentes, por citar algunas desgracias, ya resulta grotesca la mera existencia de un Defensor del Pueblo.

Y es que en un país donde acudir a la Justicia se está convirtiendo en cosa de ricos, se desmantela la Sanidad Pública y hay desahuciados arrojándose al vacío, la ciudadanía se siente desamparada. El Síndico de Agravios de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, tendría que haberse encadenado a la sede del PP, exigiendo que Carlos Fabra compartiera alguno de sus siete premios de la Lotería con los desfavorecidos. Y tampoco hubiera estado mal que el Síndic de Greuges catalán hubiera suprimido alguno de los 50 viajes que se calzó en dos años, a cuenta del contribuyente.

Por lo menos, nuestros Chuck Norris venidos a menos rubricaron este pasado viernes en Oviedo una declaración conjunta reclamando al Gobierno que apriete las tuercas a los bancos. En la capital asturiana, con el Procurador General del Principado ejerciendo de anfitrión, los doce magníficos pidieron a Rajoy que presione a las entidades bancarias para que renegocien préstamos hipotecarios y ofrezcan alquileres sociales a quienes van a perder su vivienda.

El Defensor del Pueblo de España, cuyos informes no son vinculantes, siempre fue visto con cierta simpatía por los ciudadanos. Así, se ha venido situando al frente de la institución a políticos de perfil conciliador y con prestigio –en el final de su carrera política– como Joaquín Ruiz-Giménez, Enrique Múgica o Soledad Becerril.

Y así, las Comunidades Autónomas, siguiendo esa absurda tradición de duplicar instituciones, fueron incorporando a sus presupuestos hasta doce Defensores. De momento, sólo Castilla-La Mancha ha eliminado la figura y en otras como la Región de Murcia se ha anunciado –ya veremos si se cumple– su supresión en 2013.

La propia presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, reconocía hace un par de meses la inutilidad de una institución que, en el conjunto de España, ha costado este año al contribuyente 35,4 millones de euros. De ellos, nada menos que 22,6 millones en gastos de personal. Así, Barcina propuso suprimir su Defensor del Pueblo –también está por ver– “hasta que la situación económica lo requiera”. Vamos, que a la presidenta le faltó decir que si no existe, nadie lo va a echar en falta.

Y es que estos Pepito Grillo de la administración han sido arrastrados por tanto Pinocho que gobierna en España. Total, con Gallardón como ministro de Justicia ya vamos apañados.

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