España está enferma. Y es
que un país con más de trescientos cargos públicos imputados –el último de
ellos, el alcalde de Santiago de
Compostela–, que tiene entre rejas a un Rey Baltasar, por tirar del bolso a una madrileña, y permite que el
Metro de la capital se declare en huelga
el día de la Cabalgata, tiene
síntomas de carcoma.
Un
país, dividido en diecisiete Reinos de
Taifas –más dos ciudades autónomas–, cuyo monarca ha sido entrevistado por
otro septuagenario como Jesús Hermida,
que no le pregunta por los elefantes de Botsuana
ni los negocios de su yerno, tiene muy mala pinta.
Aquel
imperio donde no se ponía el sol, y en el que ahora hay desesperados que se
queman a lo bonzo porque no tienen ni para comer, y donde los billetes de 500
euros no dejan de menguar, habiendo menos en circulación que en 2005, pide
ayuda a gritos.
Necesitamos
un rescate, y no sólo de la Comisión
Europea ni del Fondo Monetario Internacional.
Hace falta una regeneración que borre de nuestra memoria a caciques como José Luis Baltar, el líder orensano del
PP a quien la Fiscalía acusa de enchufar a más de un centenar de parroquianos.
Nuestra
antigua nación, que asiste sin inmutarse al cobro de 190 euros a cada aspirante
a lograr un empleo en un colegio de Granada,
y que castiga a sus ciudadanos con aumentos brutales del IBI por viviendas que han perdido hasta el cincuenta ciento de su
valor, precisa una catarsis colectiva.
Y
ya perdemos hasta nuestro espíritu solidario, puesto que uno de cada cuatro
españoles han dejado de colaborar con las ONG
para intentar salvarse a sí mismos. Si al menos pusiéramos en la calle los
1.691 millones de euros en pesetas que, según el Banco de España, guardamos en el
calcetín, podríamos darnos alguna alegría.
Mientras
tanto, los tiburones de las finanzas lanzan sus afilados dientes sobre las
gangas inmobiliarias españolas. Así, varios fondos de inversión internacionales
acaban de comprar edificios por valor de 150 millones de euros. Y parece que
vamos camino, por fin, de ser atractivos para los inversores extranjeros a base
de rebajarnos el sueldo y trabajar más horas, siguiendo el modelo que
preconizaba el recluso Díaz Ferrán.
Pero
hay esperanza porque, según el Gobierno,
el final del túnel está próximo. Y es que la prima de riesgo –preconizan ya los
economistas– puede caer en unos meses hasta los 300 puntos. Incluso el paro ha
bajado en diciembre y el año pasado hubo tantos muertos en la carretera –unos
1.300– como en 1960.
Ese año, precisamente, se aprobó la Ley de Ordenación de la Emigración y dejaron España en busca de trabajo unas 70.000
personas. Las mismas, más o menos, que en 2012. Y es que la historia muchas
veces se repite. Pero nosotros no aprendemos.
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